El pasado 15 de septiembre se cumplió un año desde la promulgación de la ley 21.369 que Regula el Acoso Sexual, la Violencia y la Discriminación de Género en el Ámbito de la Educación Superior. Para comprender cómo ha sido el proceso de implementación por parte de las universidades estatales, conversaremos con Karin Baeza, directora de género, diversidad y equidad de la USACH.

¿Cómo se origina la creación de la ley 21.369?, ¿cuáles son los objetivos y qué enfoque establece?

Esta ley surge debido a nuestra incapacidad normativa de tener una ley de violencia integral en la sociedad chilena, y esperamos que pronto vea luz. Entonces era necesario abordar interseccionalmente, y es importante que la educación superior haya puesto sobre la agenda pública, el tema de la violencia de género con el movimiento feminista estudiantil en el año 2018.

No olvidemos que ese es el hito histórico que genera el punto de inflexión a partir del cual las instituciones de educación superior, particularmente las universidades, comienzan a hacerse cargo de estos temas. A partir de ahí, se generan orgánicas representativas como la red de investigadoras, que en su momento fue un espacio de incidencia para la para la generación de esta ley, también hay una alianza con diputadas y senadoras sensibles al tema de género.

Ese es el el origen de la ley, es decir, una serie de organizaciones representativas de distintas disciplinas pusieron a disposición su expertiz para generar este proyecto de ley y fue acogido por el Congreso de Diputadas y Diputados, donde las universidades también tuvieron un rol como entidades consultoras.

Al ser este hecho uno relativametne reciente, ¿cómo era la situación en torno a la igualdad de género y no discriminación en las unviersidades estatales antes de las manifestaciones feministas y la creación de esta ley?

Las universidades, en particular las universidades del Estado, tienen una preocupación de larga data por el tema de la igualdad de género, específicamente por el tratamiento de violencia de género en nuestra comunidad universitaria. Distintas instituciones habían desarrollado programas, acciones con mayor o menor éxito e impacto en la institucionalidad universitaria.

Pero la verdad es que hasta que se genera esta demanda social en el año 2018, no existía en la agenda de las universidades, y menos del resto del sistema de educación superior, la priorización del tema de género como un tema clave en la gobernabilidad universitaria. Entonces ahí le debemos mucho al movimiento feminista y eso es de nobleza reconocerlo, no podemos olvidarlo.

Algunas universidades tenían normativas, cierto desarrollo orgánico, sobre todo las universidades estatales. En la Universidad Santiago, por ejemplo, existía un protocolo para procesar violencia de género desde el año 2017 y existía una pequeña orgánica que de hecho se llamaba punto focal de género. Lo que pasa el 2018 es que este tema se instala en la agenda y se generan institucionalidades un poco más robustas, pero quedaba al arbitrio de cada universidad.

Nosotros en la Usach, el 2018, creamos la Dirección de Género, y el 2019 ya teníamos una segunda normativa, que era un protocolo bastante más actualizado, pero tenía que ver con la disposición de quien fuera rector o rectora en ese momento. Entonces ese es el gran cambio que genera hoy la ley,  establece en todo el sistema de educación superior un piso mínimo de tratamiento de la violencia de género en dos grandes ámbitos que no teníamos antes, en cuanto a la prevención, y en cómo se hace la investigación y sanción.

Ya no es voluntad de ciertas autoridades universitarias el cómo se trata el tema de la violencia de género, sino que hay un mandato legal, que por primera vez obliga y condiciona a las instituciones a cumplir con ciertos estándares. Eso para nosotros, en tanto directoras de género y universidades del Estado, es muy importante.

En ese sentido, el pasado 15 de septiembre empieza a ser exigible el cumplimiento de la ley 21.369, ¿cómo ha sido la implementación de esta ley por parte de la universidades estatales? y ¿qué dificultades se han encontrado en el camino, tanto en temas administrativos como en la recepción de las comunidades universitarias?

Hay algunos antecedentes claves, en lo institucional el compromiso de las universidades del Estado estaba claro antes de la ley, un 88% de las universidades estatales ya contaba con políticas contra acoso sexual, violencia y discriminación por razones de género y la mayor parte de ellas, un 94% tenía normativa para la prevención y tratamiento de acoso sexual. Trabajamos ya desde antes en lo que la ley ahora nos impone, que son campañas de sensibilización y de capacitación.

Nosotros entramos a cumplir con el mandato de la ley, como universidades estatales, desde un piso distinto. Eso no quiere decir que no nos desafíe, la ley nos desafía y bastante, porque nos impone no sólo tener acciones aisladas de capacitación, de sensibilización, sino que nos impulsa a tener dos cuestiones súper relevantes.

Por un lado, una forma estandarizada, un modelo de cómo abordar la prevención y por otro lado, un modelo de cómo abordar la investigación y la sanción, que son las dos grandes dimensiones con las que se trabaja violencia de género en la sociedad y en las universidades en particular.

Esto debido a que la prevención tiene que ver con acciones de sensibilización, acciones de difusión y con una instalación. Hay tres niveles de acción, por un lado, difusión de campañas, algo que hacen todas las universidades, es decir, cómo difundimos ciertos conceptos clave, prácticas, lenguajes que son importantes que nuestra comunidad educativa conozca.

Por otro lado, la sensibilización ya implica un nivel un poquito más avanzado, que es, como dice la palabra, sensibilizar, romper el hielo, que esas personas incorporen en sus prácticas ciertos lenguaje y maneras de comportarse. Luego está la instalación de capacidades, que es la capacitación a un nivel ya más profundo que esperamos que todas nuestras comunidades universitarias cumplan.

Ahora la ley te exige tener una forma de trabajo estandarizado de aquello, que es lo que se engloba bajo el concepto de modelo de prevención, también te obliga a tener ciertos estándares para el manejo de los procedimientos de investigación y sanción, ese es el desafío. En nuestras comunidades hay afinidad y también resistencia, que son la misma que hemos venido conociendo ya desde hace tiempo.

¿Cuál es el impacto esperado a mediano y largo plazo que va a tener esta profundización en la la igualdad de género y no discriminación?, no solo dentro del espacio universitario, sino también en la sociedad en su conjunto.

El gran desafío es generar una una sociedad libre de violencia de género donde logremos erradicar el acoso sexual, la discriminación, que no siempre tiene manifestaciones tan radicales en las universidades, como lo es el femicidio, pero sí hay mucha práctica sexista, discriminación por razones de género en nuestro contexto universitario.

Entonces, a lo que apuntamos como sociedad y particularmente las universidades del Estado, es a poder incorporar esta nueva forma de relacionarnos, que es mucho más democrática, el ir viendo a la otra y al otro en igual dignidad, capacidades y derecho. Eso que queremos para la sociedad, lo queremos también para nuestras comunidades universitarias.

Ahora, ¿cómo se consigue?, es muy desafiante y probablemente va a tomar varios años, esto no se va a resolver por una ley, las prácticas sociales no cambian por decreto. Sin embargo, las normativas, los mandatos legales y las políticas son súper necesarios para impulsar esos cambios sociales.

Nosotros lo vemos en ese sentido, la ley es un espaldarazo para hacer este trabajo que es un proceso de larga duración, de generación de una cultura de la igualdad, del respeto y de la dignidad de las personas en nuestras comunidades universitarias.

Para eso necesitamos varios elementos que la ley menciona, tales como unidades especializadas, personas especializadas en género y derechos humanos, necesitamos presupuesto, el sostén orgánico, es decir, que existan las direcciones y unidades de género encargadas de la violencia de género en la en las universidades y también necesitamos el respaldo político de nuestras autoridades.

En ese sentido, el que hoy por hoy contemos con un respaldo transversal de los rectores y rectoras de las universidades del Estado y que en particular tengamos, a diferencia de 2018, cinco rectoras que forman parte del sistema de universidades del Estado, es una espaldarazo político importante para que se entienda en nuestras comunidades universitarias que la implementación de esta ley sólo puede reportar beneficios.

Porque la excelencia académica, el desarrollo de las comunidades educativas, ya no puede ir alejado de ciertas prácticas de relaciones entre las personas que están atravesados por la igualdad de género, por la inclusión, por el respeto a la identidad y a las orientaciones de género que cada persona decida.

Como bien menciona, este es un proceso largo, de varios años, en ese sentido, ¿cuál sería el siguiente paso a dar?

Una cosa es idear leyes, diseñarlas, y otra cosa es la discusión política de promulgarla, esto ya se zanjó y promulgó, pero ahora tiene que ver con la implementación. Si bien la ley empezó a funcionar en septiembre del año pasado, desde este septiembre se hace efectiva la exigibilidad de los mandatos que tiene la ley.

Esa exigibilidad para las comunidades educativas tiene que ver con empezar a generar, al interior de las comunidades, las unidades, las normativas, los proyectos, los programas, las iniciativas con que esta ley se va a implementar y materializar. Otro paso tiene que ver con ir monitoreando permanentemente, haciendo seguimiento de cómo la ley se implementa para establecer mejoras progresivas.

Esto no es una cuestión que sea de una vez y para siempre, sino que son procesos y son de largo plazo que probablemente van a requerir adecuaciones progresivas en el tiempo, en cada universidad.

Las universidades del Estado tenemos presencia desde Arica, Magallanes y posiblemente las cuestiones de las que se ocupa esta ley, que es la violencia de género, sus manifestaciones y en términos generales la creación del estado que hemos llamado cultura de igualdad sustantiva, no se manifiestan de la misma manera en todas las regiones. Eso va a requerir que las universidades generen, de acuerdo a sus posibilidades, capacidad y voluntad política, ciertas adecuaciones normativas, orgánicas en sus proyectos educativos, lo que va a requerir pertinencia territorial.

El cómo cada universidad lo vaya haciendo va a ser distinto y va a requerir también irse monitoreando y tomarse como un proyecto de largo plazo, probablemente va a haber que priorizar ciertas cosas para desarrollar esta cultura de la igualdad de género, está erradicación de la violencia de género en nuestras comunidades educativas, que es nuestro horizonte. Debido a que no solo se requiere hacer prevención, capacitación y difusión, o por el otro lado, sancionar a las persona, sino que requiere de modificar los modelos educativos institucionales, el cómo estamos formando a nuestra comunidad educativa, por ejemplo en las mallas curriculares de las carreras.

Entonces vamos avanzando paso a paso, este es un avance sustantivo para todo el sistema de educación superior, pero no es ni mucho menos el final, al contrario, es el inicio del espacio de trabajo concreto para cada universidad.