El principio de no discriminación e igualdad de género es un compromiso para el Sistema de Universidades Estatales (SUE), esto se refleja en la instalación de politicas que permitan avanzar en esta materia. Para conocer en mayor profundidad sobre las políticas de género y los cambios culturales que están viviendo las instituciones del Estado, conversamos con Mónica Maureira, periodista y encargada de comunicaciones de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile (USACH).

La experta en género, es además integrante designada por el gobierno en el Comité de Expertos de la ‘’Convención de Belém do Pará’’, la Secretaría Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer. 

¿En qué momento la igualdad de género emerge como una necesidad a visibilizar en las universidades estatales?, ¿cómo era abordado en ese momento? y ¿cuándo aparecen estas primeras nociones?

Hay dos escenarios donde este tema se instala, el primero tiene que es el periodo de fines de los 90, inicio de los 2000, cuando se genera una reflexión crítica respecto de los estudios de género al interior de las universidades. Eso está liderado por académicas, a través de procesos de posgrado, de desarrollo de conocimiento en términos de igualdad de género y no discriminación, yo diría muy vinculado también con los estudios feminista particularmente.

Esa es una línea que se instala en las universidades de manera muy particularizada, no fue un fenómeno generalizado en las universidades estatales, sino que más bien me atrevería a decir que la Universidad de Chile hace esta apertura, de instalar este desarrollo de conocimiento y de reflexión crítica. 

Asimismo, se estaban dando discusiones fuera del espacio de las universidades estatales, las cuales tienen que ver con la reivindicación del movimiento feminista, y estas de alguna manera se ensamblan con lo que está pasando al interior de la universidad. 

Entonces teníamos discusiones vinculadas, por ejemplo, a la representación y la participación política de las mujeres, así como las deudas democráticas del país o de la democracia hacia la mujer. Esta agenda de género que se genera tenía que ver con estos temas, junto con avanzar en otros ámbitos, como los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. 

Ahí hubo también un rol importante desde las universidades, de ir alojando estas demandas por parte de docentes, académicas, pero también en colectivos que se forman al interior de la universidad o de grupos dentro de los centros de estudiantes y otras formas de organización estudiantil. 

Estos temas calan y empiezan a estimular este tipo de demanda en esos espacios, ahí hay un proceso que confluye y que permite generar una agenda hacia afuera que se traduce en acciones de incidencia, por ejemplo, en políticas públicas, en proyectos de ley.

Asimismo, se genera un vínculo más cercano entre las estudiantes y algunas académicas, que van abriendo caminos de conocimiento, formación y reflexión crítica, pero también desde la necesidad de poder instalar temas al interior de las universidades. No es simplemente cambiar aspectos académicos y de enseñanza, sino que también pensar en mayor profundidad sobre la convivencia universitaria, ¿qué es lo que queremos de estos espacios universitarios?.

Entonces ahí hay un tema de estética política que uno ve en las movilizaciones, en las marchas, incluso con los secundarios. Las reivindicaciones que hacen los secundarios, el movimiento pingüino y después el movimiento universitario cuando piden educación gratuita, educación de calidad, abrir las puertas de las universidades a estas demandas, queda ahí una suerte de ruido circulando que tiene que ver con el colectivo feminista.Todo esto empieza a confluir en una irrupción pública como la que vimos el 2018, el segundo escenario donde se instala este tema. 

¿Qué fue lo que generó finalmente esta gran irrupción del 2018?, ¿cuáles eran los grados de impunidad que se estaban teniendo?

Tengo una lectura de ciertos márgenes que se van ampliando en el debate público respecto a temas que tienen que ver con igualdad de género, brecha, discriminaciones y una violencia bastante institucionalizada, pero muy particularizada respecto a lo que pasa con las mujeres jóvenes. Entonces existe un 2018 a la vista que no es posible sin un 2016 o un 2017.

El 2016 surge el movimiento MeToo, que tuvo un correlato en toda América Latina con el Cuéntalo o Nunca más solas. Yo creo que esto es un primer punto de inflexión, el 2016 y particularmente lo que fue la respuesta de la sociedad, de todas las instituciones en torno, por ejemplo, a lo que son los casos de femicidio.

Está la marcha de Ni Una Menos en octubre del 2016, que fue prácticamente regional, transnacional, estaba toda la América Latina conectada con lo que estaba pasando, pero con femicidios consumados y frustrados emblemáticos e indignantes, como el de Nabila Rifo y Florencia Aguirre en el caso de Chile, y en el caso de Argentina el de Lucía Pérez.

Entonces ahí teníamos una masividad de hastío, de decir no queremos más esto, y entre el 2016-2017 tenemos estos márgenes más amplios de un debate que se va a convertir en una transformación cultural importante, a propósito de toda la argumentación que hubo que desarrollar respecto de la despenalización del aborto.

Todo eso fue una olla de presión que termina en el 2018 con un estudiantado que dice no más. No más educación sexista, no más acoso sexual al interior de las universidades, pero también no más práctica sexista al interior de las aulas. 

¿Cuáles han sido las dificultades que se han tenido en este último periodo, desde el 2018 hasta la actualidad, para instalar la igualdad de género y la no discriminación como una dimensión central y como sello dentro de la universidad estatal?

El 2018 se destacan los temas de institucionalidad, es decir que lo políticamente correcto es tener procedimientos para canalizar las denuncias, conducir el acompañamiento, las personas que se ven afectadas por este tipo de violencia, y generar procesos de investigación que sean transparentes, que se vean como justos al interior de las universidades. No solamente por particularizar las sanciones, sino que también de generar estímulos, señales, hacia la comunidad universitaria en general respecto de que esto no es admisible. 

La ley 21.369 es una tremenda victoria para el movimiento feminista y para la comunidad universitaria que necesitaba quizás un respaldo mayor que el de las propias normativas generadas desde las unidades encargadas.

Además, hay una serie de pasos que se tienen que dar en términos de transformación cultural al interior de las universidades estatales, es necesario incluir, en los procesos formativos, el enfoque de género y una perspectiva de desarrollo internacional de los derechos humanos, y generar los cambios desde ahí. 

También hay que reflexionar sobre la gestión universitaria, porque finalmente esto tiene que ver con el quehacer cotidiano de la universidad, el motor de la universidad, en el cual también se tienen que incluir un enfoque de género en todo lo que son los procedimientos universitarios, que tiene que ver con brechas en el mundo académico, brechas salariales, políticas de conciliación con corresponsabilidad, procedimiento de desarrollo de carrera, donde sabemos que las mujeres quedan segregadas, procesos de de reconocimiento identitario.

Si miráramos de manera comparada la política que se está desarrollando en otras universidades estatales, en otros países ¿que sería importante instalar o fomentar de aquí en adelante como metas a alcanzar dentro de las políticas de género y como cambio cultural en las universidades estatales?

Hay una experiencia que debemos reconocer y recoger, la cual tiene que ver con el trabajo en red, la labor asociativa que se ha dado dentro de las universidades estatales. Por ejemplo, la propia experiencia del CUECH, a propósito de la labor colaborativa que hace la unidad de género a través de la mesa de igualdad. 

Ese tipo de dinámicas, de ir reconociendo lo que están haciendo las otras universidades, poder extraer esas buenas experiencias y llevarlas a mis propios espacios universitarios. Yo creo que es una buena práctica que se da a nivel internacional, lo vemos con la experiencia de las universidades argentinas,españolas, mexicanas. 

Esa es una de las principales herramientas que tenemos para potenciar justamente varios ámbitos, como lo es área formativa de enseñanza, aprendizaje, de gestión, pero también de producción crítica y de ir enganchando con lo que pasa afuera de las universidades.

Además, ir mirando este compromiso que adquiere el Estado con ciertos tratados internacionales en materia de derechos humanos, particularmente de derechos de la mujer. Además de ver la manera de implementarlos de acorde a los procesos que son como propios de la universidad, junto con la misma convivencia en este espacio.